En medio de la repercusión y el temor que generaron diferentes amenazas anónimas sobre ataques armados en escuelas de todo el país, el gremio docente ATEN presentó un protocolo de actuación para la provincia de Neuquén ante este tipo de casos, mas allá de los mecanismos que actualmente se activan por parte de equipos directivos y el Consejo de Educación.
“En buena parte del 2025, frente a los conflictos que impactaron en distintas escuelas secundarias de Centenario, impulsamos la convocatoria a una red ampliada de instituciones y organizaciones con el objetivo de construir respuestas colectivas ante situaciones de violencia, conflicto y riesgo” señalaron.
Aquella instancia no quedó en el diagnóstico. Fue el punto de partida de un trabajo sostenido que hoy se materializa en la Guía Conjunta de Intervención y Actuación Situada, elaborada de manera articulada entre equipos directivos, supervisiones, organismos estatales, fuerzas de seguridad, salud, defensorías y nuestra organización sindical.
Se trata de una herramienta concreta que establece criterios comunes de intervención, roles y responsabilidades, y que pone en el centro un enfoque pedagógico, ético y de derechos, orientado al cuidado, la no estigmatización y la protección integral de las adolescencias.
La guía no propone respuestas punitivas ni automatismos, sino que organiza la intervención en base a principios claros: corresponsabilidad institucional, articulación en red, comunicación responsable y continuidad educativa, diferenciando además las situaciones que involucran a adultos de aquellas que implican a estudiantes.
“En continuidad con este proceso y bajo el compromiso asumido de avanzar en lo acordado, desde nuestra seccional realizamos la presentación formal de este documento ante la Vocal Gremial de Nivel Medio, Técnico y Superior en el CPE, Luján Noé, y ante el Vocal por los Consejos Escolares, Emiliano Garay, con el objetivo de que sea tratado en el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación” mencionaron desde el gremio.
El propósito es claro: que esta guía avance en su institucionalización como resolución, para que deje de ser una herramienta construida localmente y pase a convertirse en un marco de actuación reconocido, que brinde respaldo a las escuelas y a quienes cotidianamente sostienen la tarea educativa.
“Entendemos que los conflictos que atraviesan a las escuelas no son hechos aislados ni exclusivamente escolares, pero sí requieren respuestas institucionales claras, coordinadas y con responsabilidad política. Por eso sostenemos que el camino no es la improvisación ni la sobreexposición mediática, sino la construcción de acuerdos colectivos que se transformen en políticas públicas, capaces de garantizar escuelas seguras, cuidadas y con condiciones reales para enseñar y aprender” agregaron.
