Cuatro personas fueron acusadas por la fiscal Eugenia Titanti y por el asistente letrado Bruno Miciullo, luego de que durante un allanamiento ordenado en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscalía de Delitos contra las Personas, se encontraran drogas para ser comercializadas y armas en una vivienda de Centenario.
Se trata de una mujer y tres hombres a quienes, también por pedido de la fiscalía, el juez de garantías a cargo de la audiencia les impuso prisión preventiva por un plazo de 30 días, cuando se revisarán los avances de la investigación. En menos de 24 horas, la fiscal y el funcionario de la fiscalía de Narcocriminalidad reunieron evidencias relacionadas con la comercialización de estupefacientes en el domicilio, por parte de las personas imputadas: la mujer, D.V.M; y los tres sujetos s: J.D.V, F.F.V y F.D.H.
Titanti les atribuyó el haber comercializado estupefacientes y haber tenido en su poder sustancias prohibidas para comercializar, como así armas de fuego, sin la debida autorización legal para ello. “Desde fecha indeterminada, pero al menos desde el año 2023, y hasta el 14 de marzo de este año, los nombrados vendían estupefacientes (concretamente cocaína y marihuana)”, indicó la fiscal respecto de las actividades que, por un relevamiento social realizado en las últimas horas y distintas averiguaciones en el marco de la investigación llevada adelante por la fiscalía y la policía de la provincia, se pudieron constatar en el domicilio de la mujer imputada en el barrio Trahun Hue de Centenario.
La fiscal informó que mediante la aplicación “Neuquén te Cuida”, la policía recibió al menos dos denuncias referidas a la venta de drogas en el lugar y atribuyó roles a las personas imputadas, con la mujer como “organizadora” y los tres varones como asistentes o “soldaditos”.
“En ese domicilio, los imputados fraccionaban las sustancias en dosis destinadas a la venta al consumidor final, para lo cual tenían balanza de precisión, cuadernos de anotaciones, dinero en efectivo y envoltorios”, describió Titanti, que encuadró la acusación en los delitos de comercialización de estupefacientes; tenencia de estupefacientes para comercialización; ambos agravados por el concurso de tres o más personas; y tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, todo ello en concurso real y en carácter de coautores.
Para desarrollar la investigación, la fiscal del caso solicitó que se fije un plazo de 4 meses, sobre todo para avanzar en la apertura de los teléfonos que se secuestraron durante el allanamiento y para verificar el contenido de un DVR, que estaba conectado a cámaras que registraban lo que ocurría dentro y fuera del domicilio allanado.
El allanamiento
En el allanamiento realizado ayer, aproximadamente a las 13, se encontraron:
–703 gramos de cannabis sativa compactada en dos envoltorios.
–60 gramos de picadura de cannabis sativa y cogollos (también prensado).
–12 gramos de picadura de Cannabis (sin compactar)
–Una planta de cannabis sativa de 1,08 metros de longitud.
–Recortes de nylon, una balanza de precisión, $106.700 en billetes de baja denominación,
–Un cuaderno con anotaciones varias, con indicación de ingreso de dinero y deudores.
–Un revólver calibre 38 y una escopeta recortada, con municiones y aptos para el disparo.
Preventiva
Tras describir las evidencias reunidas en las primeras horas de la investigación, el asistente letrado Miciullo solicitó al juez de garantías Luis Giorgetti la imposición de 6 meses de prisión preventiva para las personas imputadas, por considerar que en el caso hay riesgo de que no se sometan a la investigación –los tres varones informaron que no tenían domicilio fijo- pero también de entorpecimiento del proceso.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos, pero distinguió los delitos: aceptó respecto de todos el delito de comercialización agravada por el concurso de tres o más personas; respecto de la mujer, en concurso real con la tenencia de las drogas y con la tenencia de armas, que también se tuvo por aceptada respecto de F.F.V.
Sobre la medida de coerción, el juez hizo lugar, pero por un plazo menor al solicitado por la fiscalía. La ordenó por un mes, con el objetivo de resguardar los testimonios de vecinos de los imputados y testigos, e indicó que eventualmente se podrá verificar el avance de la investigación y pedir ampliaciones o modificaciones, en el caso que la defensa lo considere.
