La Legislatura de Neuquén aprobó en la sesión del miércoles un proyecto de ley que obliga a los conductores alcoholizados a tener que cubrir los gastos que le ocasionen al Estado en caso de provocar un siniestro vial. El proyecto fue impulsado por el diputado del MPN, Gerardo Gutiérrez, quien especificó que se trata de una iniciativa que busca principalmente concientizar a la ciudadanía respecto al riesgo que significa conducir un vehículo, tanto en estado de ebriedad como bajo los efectos de un estupefaciente.
Recordó que son conductas que ocasionan la mayor cantidad de siniestros viales, accidentes que luego ningún seguro cubre y que le generan al Estado un costo en materia de atención sanitaria que, si se cumple con las normativas de tránsito, podría evitarse. La iniciativa fija que el conductor debe reintegrar el costo que genere tanto su atención en el Sistema Público de Salud como la de los demás damnificados que intervienen en el siniestro vial.
“El proyecto tiene por objetivo seguir concientizando y ayudar a que mermen los siniestros viales, principalmente como consecuencia del consumo de alcohol o de estupefacientes al conducir», comentó Gutiérrez.
Antes de convertirse en ley, el proyecto había sido debatido en comisión. Allí, Sandra Torres, presidenta de Bien Argentino, había manifestado que la ley busca bajar los elevados índices de mortalidad por accidentes de tránsito y generar conciencia respecto a la peligrosidad que significa conducir en estado de ebriedad.
En la actualidad, dichos gastos los afronta el Estado neuquino y representan un costo para la ciudadanía: “Hoy una noche en UTI, en la unidad de terapia intensiva, en la provincia ronda aproximadamente un millón doscientos mil pesos», aseguró Gutiérrez. En esta misma línea, el diputado mencionó además que la ley “busca principalmente concientizar a la ciudadanía respecto al riesgo que significa conducir un vehículo, tanto en estado de ebriedad como bajo los efectos de un estupefaciente”.
Además, el proyecto incluye la creación de campañas de concientización sobre seguridad vial, donde «el 80% del recupero que se concrete va destinado al fortalecimiento del sistema público de salud», mientras que un 10% se destinará a campañas de concientización y otro 10% a proyectos de organizaciones civiles.
