El hermano de la vicegobernadora de Neuquén se presentó en fiscalía y quedó demorado. Diputados y UPCN hablaron de tolerancia cero a hechos de corrupción y en 40 años es el primero en esa institución, no descartan un juicio político. El viernes 22 un gran revuelo político e institucional comenzó con los allanamientos que personal policial del Departamento de Delitos Económicos realizó en la Legislatura de Neuquén, Casa de las Leyes y la vivienda del hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz.
Es que la justicia investiga a Pablo Ruiz, coordinador de la Casa de Leyes, por defraudación a la administración pública. El Banco Provincia del Neuquén realizó una denuncia por movimientos desde cuentas bancarias de esas instituciones hacia la personal, donde de 28 millones pasó a 51 y con plazos fijos.
Todas las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees. Los procedimientos son en el contexto de una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal por los supuestos delitos de peculado y fraude a la administración pública.
La investigación comenzó en el transcurso de este mes, a instancias de una publicación del diario “Río Negro” sobre una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, mediante la designación de personal en la Legislatura de parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz.
Luego, el 20 de noviembre, la apoderada del Banco Provincia de Neuquén (BPN) presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, sobre la existencia de hechos que podrían constituir delitos. En forma puntual, indicó que la entidad cuenta con un área que tiene entre sus funciones el monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En ese contexto, “se detectaron situaciones vinculadas al señor Pablo Antonio Ruíz”, hermano de la vicegobernadora y coordinador de la Casa de las Leyes. “Recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos”, indica la denuncia. Y especifica que realizó “extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.
También señala que “se advirtió que el señor Ruíz utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen a partir de las acreditaciones que recibió por fuera de sus haberes”.
La situación fue advertida por la entidad bancaria, quien informó que las acreditaciones correspondían a “viáticos y programas”. La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también advirtió a la Legislatura el 21 de agosto pasado sobre la situación. Desde entonces no se realizaron más transferencias a la cuenta personal de Ruíz, quien al día de la fecha cuenta con 51 millones de pesos en plazos fijos.
Entre los motivos para requerir los procedimientos ante el juez de garantías, el fiscal jefe y el fiscal del caso plantearon que “más allá de la confusión en los fondos entre los públicos y los privados, el señor Ruíz constituyó sucesivamente plazos fijos con casi la totalidad de los fondos obrantes en su cuenta, incluso con posterioridad al mes de agosto de 2024 donde dejó de recibir fondos de la Legislatura de Neuquén diferentes a sus haberes. Vale decir que obtuvo rédito económico con operaciones financieras cuyos montos se originaron parcialmente en dineros de naturaleza pública”.
Por ello, “entendemos que podrían existir hechos de naturaleza delictiva dado que cabría considerar que, al menos, podría darse el supuesto previsto por el Art. 261 del Código Penal en cuanto a que habría una sustracción de caudales confiados al señor Ruíz en razón de su cargo y que ellos posibilitaron un aumento de su capacidad económica para constituir instrumentos financieros (plazo fijos) que le otorguen dividendos dinerarios”.
El objetivo de los procedimientos en la Legislatura y la Casa de las Leyes, y del allanamiento de la vivienda particular en Plottier, era secuestrar información en facturas, recibos, remitos y rendiciones de gastos, así como dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, notebooks.
Diputados señalaron que habrá tolerancia cero a estos hechos y no descartan un juicio político
Diputados provinciales de distintos bloques políticos se reunieron este viernes en Casa de Gobierno con el jefe de gabinete de ministros, Juan Luis Ousset, para analizar la crisis institucional derivada de la denuncia por presunto desvío de fondos públicos que involucra al hermano de la vicegobernadora.
El encuentro, solicitado tras los allanamientos realizados en la Legislatura, la Casa de las Leyes y domicilios en Plottier, buscó coordinar los pasos a seguir para abordar esta situación que afecta la credibilidad del Poder Legislativo. Ousset transmitió a los diputados la posición del gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que se activarán los mecanismos institucionales y constitucionales necesarios para investigar y juzgar cualquier irregularidad en el uso de recursos públicos. El mandatario enfatizó su política de “tolerancia cero” frente a la corrupción, independientemente del rango o afiliación política del funcionario involucrado.
En la reunión estuvieron presentes legisladores como Ernesto Novoa y Zulma Reina (Comunidad), Claudio Domínguez y Gabriel Álamo (MPN), Marcelo Bermúdez (PRO), Francisco Lépore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén).
Los diputados coincidieron en que los hechos denunciados por el Ministerio Público Fiscal son de una gravedad institucional que amerita la aplicación de los mecanismos constitucionales de responsabilidad para los funcionarios involucrados.
La palabra de ANEL
El secretario general de la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), Pablo Godoy, señaló que “Es de una gravedad nunca vista en los 25 años que llevo en la Legislatura”, dijo, y aseguró que cada cuatro años, “nos encontramos con un nuevo vice que se viene a acomodar, algunos con más experiencia que otros y su adaptación demanda menos tiempo” agregó.
