Con la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez, la Policía de Neuquén llevó adelante el viernes 14 allanamientos simultáneos en las sedes de dos organizaciones sociales y en la de una cooperativa, además de domicilios particulares en la ciudad de Neuquén.
El objetivo de los allanamientos es obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos –dinero y comida para comedores- asignados por el Estado provincial a las organizaciones sociales, Libres del Sur o Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y la cooperativa Viento Sur. La parte operativa de los procedimientos estuvo a cargo del Departamento de Delitos Económicos con el comisario Juan Arévalo Smith.
Según se precisó en las solicitudes para autorizar los allanamientos, uno de los objetivos era verificar si la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino. También buscaban verificar si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios.
La cooperativa Viento Sur recibió 1183 millones de pesos en el marco de un convenio para el desarrollo de un programa de capacitación en oficios para los desocupados que integran las organizaciones sociales, esto entre enero y noviembre de 2023 a través de Desarrollo Social. El dinero se aportaba mes a mes, pero no se rendían facturas y, según la investigación de los fiscales, nunca se destinó a cursos de capacitación.
En ese sentido el fiscal Vignaroli habló en una conferencia de prensa y se refirió a la compra de una camioneta Renault Kangoo que era utilizada por Diego Mauro, referente del FOL, y la compra por parte de la cooperativa de terrenos en Junín y San Martín de los Andes, también detalló que el domicilio declarado era una vivienda donde residían dos personas adultas mayores.
Hubo un total de diez personas demoradas, entre ellas Gladys Aballay, dirigente de Libres del Sur, que había llegado a su vivienda en pleno procedimiento. Luego cuando recuperó la libertad denunció que hubo mujeres agredidas y un menor de 14 años demorado.
En la Comisaría Primera las organizaciones se concentraron junto a gremios como ATEN Capital y pidieron por la liberación de todos los detenidos, a su vez cargaron contra el gobierno provincial por lo ocurrido y lo consideraron un ataque a la lucha social.
