n medio de la tensión por despidos y suspensiones en la industria petrolera, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro que había convocado el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La medida rige desde las 9 de la mañana de este miércoles 30 de julio y tendrá un plazo de 15 días, durante el cual las partes deberán suspender cualquier acción directa. El objetivo, según el comunicado oficial, es «preservar la paz social, promover una solución pacífica y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica como es la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta«.
El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, había ratificado el paro horas antes y denunció 1.200 despidos y más de 2.000 suspensiones en la cuenca, en un contexto de fuerte productividad récord. «Esto no es una crisis, es una decisión empresaria de dejar de ganar, y los que pagan el costo son los trabajadores», afirmó.

Rucci también criticó que las empresas no escucharon las propuestas del sindicato, que planteaba mantener la plantilla hasta 2026, año en que entrarán en funcionamiento nuevos ductos que aumentarán la capacidad de transporte. «Hemos tratado de construir un puente al 2026 para sostener los puestos de trabajo, pero no hemos sido escuchados», dijo el dirigente.
El sindicalista advirtió que el sector alcanzó en 2025 la meta de 600.000 barriles diarios prevista originalmente para 2026 y cuestionó que, pese a esos números, se haya avanzado en recortes laborales. «Los récords que celebran tienen que ver con el esfuerzo de miles de trabajadores. Hoy que todo está dado para que la industria crezca, no puede ser que los dejen afuera», expresó.
La cuenca neuquina concentra más del 60% de la producción de petróleo del país y se encuentra en plena expansión. Sin embargo, el gremio denuncia una «reestructuración silenciosa» de las empresas, que estarían reduciendo personal en áreas clave como perforación y terminación de pozos, argumentando una baja en la actividad para la segunda mitad del año.
La medida de fuerza, que ahora quedó sin efecto, estaba prevista para el 30 y 31 de julio y podía paralizar la logística, el transporte y las tareas de mantenimiento en Vaca Muerta, afectando a más de 25.000 trabajadores.