Con la finalización del diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades, la Provincia consensuó más de 40 medidas de mitigación y adaptación, dando un paso clave en la implementación del Plan de Acción Climática previsto por la Ley Provincial N.º 3.454.
Concluyeron durante 2025 una etapa clave del Plan de Acción Climática Provincial (PAC), previsto en la Ley Provincial N.º 3.454. Avanzaron en la identificación de amenazas y vulnerabilidades climáticas y en la definición de un conjunto de medidas concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el territorio neuquino.
El trabajo se desarrolló desde la subsecretaría de Cambio Climático, dependiente de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.
Con el diagnóstico completo, el equipo provincial logró sistematizar la información de cada región para identificar amenazas, niveles de exposición y vulnerabilidad. Este trabajo se apoyó en un proceso técnico-participativo que combinó equipos de especialistas, personal técnico y funcionarios en diferentes instancias de trabajo.
En un primer momento, la subsecretaría de Cambio Climático coordinó encuentros en mesas sectoriales y de puntos focales con funcionarios designados por las diferentes áreas de gobierno. Esto fue acompañado por la realización de talleres participativos regionales abiertos a la ciudadanía en general y encuentros específicos de diálogo intercultural con comunidades indígenas.
En total, se realizaron más de 30 instancias de trabajo con la participación de más de 500 personas, cuyos aportes nutrieron el documento del plan. Sobre esa base técnica y social, se definieron metas provinciales de adaptación y mitigación y un paquete de más de 40 medidas para los ejes de agua, residuos, energía, salud ambiental, gestión del riesgo, conservación y educación.
Todas ellas fueron validadas por organismos técnicos y por la comunidad en espacios de participación específicos, asegurando criterios comparables y trazabilidad para su implementación.
Etapas en la construcción del plan
En una primera etapa, el proceso se abrió para escuchar y diagnosticar. En cada región se presentó el diagnóstico en elaboración y se convocó a las instituciones, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad y equipos locales de trabajo para describir las amenazas climáticas, las vulnerabilidades y el grado de exposición de las comunidades. Así se pudo determinar qué riesgos afectan con mayor frecuencia, dónde se perciben con más fuerza y con qué herramientas cuenta cada comunidad para responder.
La segunda etapa volvió a territorio con una devolución técnica del diagnóstico y un propósito concreto: ordenar y priorizar medidas. Sobre lo trabajado en cada región, las mesas discutieron qué acciones tenían mayor pertinencia territorial, qué impacto podrían generar en el corto y mediano plazo, qué capacidades locales había para implementarlas y con qué costos, co-beneficios e indicadores de seguimiento podría medirse su avance. Fue el momento de pasar del “qué necesitamos” al “qué hacemos primero, quién lo hace y cómo lo comprobamos”.
De ese recorrido surgió un conjunto de medidas con trazabilidad. Cada una quedó descrita con objetivos claros, responsables definidos y métricas simples que permiten rendir cuentas, ajustar en la marcha y sostener la implementación en el tiempo.
Recorrer las siete regiones
El enfoque regional evita recetas únicas y ancla decisiones en realidades locales: cordillera y meseta, valles productivos y áreas urbanas, cuencas y zonas de petróleo y gas. Este enfoque mejora la factibilidad (quién ejecuta y con qué capacidades) y la justicia territorial (dónde deben dirigirse los fondos públicos).
Qué gana la ciudadanía
Soluciones cercanas. Prioridades definidas con la comunidad y para el territorio, orientadas a problemas reconocibles (agua, residuos, energía, salud ambiental, riesgo).
Transparencia. Metas e indicadores para saber qué avanza y qué falta.
Coordinación real. Medidas que alinean provincia, municipios, sistema científico, organizaciones, evitando duplicaciones y previniendo pasivos.
Cómo se validó
La formulación del paquete final de medidas se sustentó en componentes complementarios y verificables.
En primer término, las evidencias técnicas: líneas de base por región y sector; mapas de riesgo que integran amenazas, exposición y sensibilidad; e información sectorial específica en agua, residuos, energía, salud ambiental y conservación.
A ello se sumó el trabajo interinstitucional de las mesas de puntos focales y las mesas sectoriales, donde equipos técnicos y funcionarios revisaron datos, contrastaron alternativas y acordaron criterios comparables.
Finalmente, se incorporó la participación territorial mediante talleres regionales y espacios de diálogo intercultural, que aportaron miradas locales y saberes comunitarios sobre problemas y prioridades.
El resultado no es un catálogo de intenciones, sino un conjunto de medidas sistematizadas, priorizadas y respaldadas, que precisan qué se ejecutará primero, con qué capacidades y cómo se evaluará el avance. Este equilibrio entre base empírica y participación ciudadana eleva la calidad técnica del plan y fortalece su viabilidad de implementación.
En paralelo, la subsecretaría puso en marcha REDEPA, la red provincial que fortalece educación y capacidades en el territorio (escuelas, organizaciones y gobiernos locales) e introduce métodos de gestión de proyectos. El plan define qué hay que hacer y dónde; REDEPA ayuda al cómo -formación, organización y cultura de evaluación-.
El siguiente paso del PAC será su convalidación por el equipo nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). Para luego, comenzar su implementación por etapas bajo la supervisión del Gabinete Provincial de Acción Climática.
