El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid le formuló cargos al dueño de una empresa por arrojar el agua utilizada para lavar maquinaria de la industria petrolera en un canal de desagüe de riego en Centenario. La acusación la efectuó a inicios de esta semana durante una audiencia en la Ciudad Judicial, y comprendió al hombre de iniciales F.D.O.
El fiscal jefe planteó que de acuerdo a la información provisoria recolectada, contaminó el ambiente en forma peligrosa para la salud, mediante el vertido de agua con aceites e hidrocarburos provenientes del lavado de maquinaria relacionada a la industria petrolera, a un desagüe.
Esto lo hizo entre los meses de enero y agosto de 2024, en el predio de la ex juguera ubicado en la calle 5 de la zona rural de Centenario; y en un predio adyacente, donde está la planta depuradora. El fiscal indicó que el imputado operó con dos empresas, “un lavadero de maquinaria relacionada con la actividad petrolera, y generó residuos consistentes en agua con restos de aceite e hidrocarburos, residuos que son considerados peligrosos por la Ley 24051, y especiales por la Ley Provincial 1875”.
Estos residuos “no fueron enviados a la planta de tratamiento como dispone la normativa provincial, sino que fueron vertidos en piletas de la planta depuradora de la ex juguera, las que a simple vista no cuentan con las condiciones de integridad que permitan contener estos residuos, impactando así el suelo como el agua del predio, poniendo en riesgo el curso hídrico subterráneo, y siendo volcados sin tratamiento alguno a un canal de desagüe del sistema de riego de Centenario”.
De acuerdo a la investigación, “esos residuos tienen que ir a lugar de tratamiento y disposición final, y eso tiene un costo; el imputado lo que hizo fue ahorrarse ese costo”, precisó el fiscal jefe.
El delito que le atribuyó fue contaminación dolosa en carácter de autor. Como medida cautelar, Breide Obeid requirió el embargo cautelar de las cuentas bancarias del acusado por el plazo de cuatro meses, para “afrontar la remediación ambiental y las eventuales costas del proceso, según los antecedentes establecidos por nuestro Tribunal Superior de Justicia”.
La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos en los términos planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), así como el embargo bancario solicitado.
