La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados dar media sanción a un proyecto que apunta a reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. Fue la primera votación de una mega sesión incómoda para la Casa Rosada que también incluye en el temario la declaración de emergencia en pediatría -por la crisis del hospital Garrahan- y las iniciativas patrocinadas por los gobernadores para coparticipar el impuestos los combustibles líquidos y para repartir de forma automática los Aportes del Tesoro Nacional.
La oposición consiguió 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y 5 abstenciones. Como hubo 18 ausentes, no se alcanzó una mayoría especial de dos tercios por apenas un voto, lo que puso en evidencia el amplio apoyo que cosechó la iniciativa y deja a la oposición en una buena posición para insistir ante un eventual veto presidencial. El grueso de los votos afirmativos lo aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.
El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.
Desde un comienzo, los libertarios rechazaron el proyecto bajo el argumento de que el costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico. De hecho, el presidente Milei ya vetó una iniciativa similar el año pasado
“El primer responsable de que estemos discutiendo este tema es el Gobierno Nacional que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la Ley de Presupuesto para que sea debatida, discutida y aprobada en este recinto. Por lo tanto, llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación. Ni siquiera en los oscuros años 90 cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar y arancelar el sistema universitario. La segunda responsabilidad es también del Poder Ejecutivo Nacional porque tiene que garantizar la educación en todos sus niveles, es una manda Constitucional y, por supuesto, no lo cumple”, afirmó la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.
En la misma línea, la radical Gabriela Brouwer de Koning aseguró: “El orden fiscal, que apoyamos desde un comienzo y de manera coherente y responsable, no debe ser un fin en sí mismo, sino que es un medio. En la era del conocimiento, la educación se convierte en un valor estratégico fundamental. Si queremos que Argentina crezca tenemos que tener un estado inteligente, que priorice la educación, la ciencia y la tecnología. Cuidar el sistema universitario es una decisión política en función del desarrollo. La Universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión, es donde se están formando los profesionales que necesitamos”.
“Invertir en la universidad no va a contramano de la responsabilidad fiscal, pensar lo contrario es una miopía estratégica. Si caemos en esa dicotomía rápida de las redes sociales, en elegir entre invertir en el futuro o hipotecarlo, estamos ante un problema. Lo que estamos discutiendo son las prioridades de inversión estratégica del país”, coincidió Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal.Jaime Olivos
“Quieren romper el superávit y a los que más lastiman es a los más vulnerables. Dicen que hablan con el corazón, se hacen los que lloran pero están pensando sólo con el bolsillo. Porque en los últimos 20 años la única movilidad ascendente fue dentro del kirchnerismo porque todos los demás nos fundieron”, denunció el libertario Santiago Santurio.
“No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos para no tener déficit y no generar inflación. Respuestas mágicas no las hay y no vamos a prometer nada mágico, pero sí seguiremos trabajando para que Argentina tenga educación pública de calidad”, continuó la libertaria Nadia Márquez.
Entre las curiosidades de la votación se destacaron el apoyo al proyecto de los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, que respondel al gobernador Osvaldo Jaldo, quien atravisa algunas tensiones con la Casa Rosada. En cambio, los dos diputados del radicalismo cercanos al gobernador Alfredo Cornejo (Pamela Verasay y Lisandro Nieri) se ausentaron.
En tanto, los tres diputados salteños de Innovación Federal votaron a favor a pesar de que ninguno estuvo presente para el quórum al inicio de la sesión.
El PRO tuvo una notable ausente: Silvia Lospennato. También hubo tres abstenciones (Germana Figueroa Casas, Karina Bahcey y Ana Clara Romero) y tres votos positivos: los larretistas Héctor Baldassi y Álvaro González, y Sofía Bambrilla, cercana al gobernador correntino Gustavo Valdés.
El Gobierno no logró dejar la sesión sin quórum
En la previa de la sesión el oficialismo concentró sus esfuerzos en hacer caer el quórum y entabló conversaciones con casi todos los gobernadores para restar voluntades. Sin embargo, no logró dejar a la oposición en minoría.
Poco después del mediodía el tablero marcó 131 presentes (se necesitan 129) y en las filas libertarias se resignaron a una jornada larga con varios reveses legislativos. El quórum se consiguió con la presencia mayoritaria de Unión por la Patria, los radicales disidentes de Democracia para Siempre, el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
La UCR aportó algunas sorpresas: bajaron al recinto los bonaerenses Karina Banfi y Fabio Quetglas, el porteño Martín Tetaz, la santacruceña Roxana Reyes, el mendocino Julio Cobos, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y el tucumano Roberto Sánchez. También contribuyeron al quórum la libertaria disidente Lourdes Arrieta, el santafesino de Unidos Mario Barletta y el santacruceño Sergio Acevedo, cercano al gobernador Claudio Vidal.
No obstante, no pasó inadvertido que algunos gobernadores jugaron en tándem con el Gobierno con varias ausencias: el jujeño Carlos Sadir influyó sobre el jujeño Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; Vidal jugó a dos puntas con el santacruceño Jorge “Loma” Ávila y el entrerriano Rogelio Frigerio hizo ausentar a Francisco Morchio de Encuentro Federal.
A pesar de que el día anterior el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había advertido que “la lealtad tiene que ver con la reciprocidad”, los diputados de Innovación Federal, que nuclea a los representantes de Salta, Misiones y Río Negro, no bajaron al recinto. Tampoco los tucumanos de Independencia, que siguen las órdenes de Osvaldo Jaldo.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir esta tarde el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto desde hace varios meses por falta de financiamiento.
La iniciativa es resistida por Javier Milei y el bloque oficialista, por considerar que rompe el equilibrio fiscal, regla de oro seguida por la administración libertaria. Tanto es así que el Gobierno ya anunció que vetará su contenido en caso de que se convierta en ley.
El debate comenzó luego de que la Cámara baja aprobara y girara al Senado el proyecto de ley que busca forzar al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para el financiamiento de las universidades nacionales, también rechazada por la Casa Rosada.
El proyecto que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años consta de una docena de artículos y le exige al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.
Según el dictamen de mayoría, que es el primero que se someterá a votación cuando concluya el debate en general, establece que en todos los casos “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.
“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, sostiene el texto.
En su primer artículo, la iniciativa obliga a las autoridades a garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.
El debate comenzó con la exposición del tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria) como miembro informante del dictamen de mayoría, quien calificó la situación del Garrahan como de “enorme preocupación”.
