La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén, una reforma integral que reemplaza al sistema vigente desde 1975 e incorpora un modelo moderno, ágil, digital y centrado en el protagonismo de las partes. Se trata del primer Código de estas características en el país y en Latinoamérica, resultado de un año de trabajo de la Comisión Interpoderes y de un proceso participativo con representantes de los tres poderes del Estado, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, universidades, profesionales, operadores de justicia y ciudadanía de las siete regiones de la provincia, que estuvo dirigido por el jurista Gustavo Calvinho, responsable de la elaboración técnica del texto procesal.
La diputada Zulma Reina (Comunidad), vicepresidenta 1° de la Cámara a cargo de la presidencia, calificó la sanción del nuevo marco normativo como un “momento histórico” para la provincia. En tanto, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) -presidente de la Comisión Interpoderes de reforma y miembro informante- aseguró que la aprobación de la ley posiciona a Neuquén como “un faro en el país” al sancionar el primer Código Procesal que adopta un modelo adversarial en materia civil en todo el territorio nacional y en América Latina.
El legislador aseguró que el Código establece reglas claras y demuestra que en Neuquén la justicia “no es un laberinto sino un derecho”. En ese sentido, indicó que no se trata de una herramienta jurídica “sino de una declaración a futuro, una herramienta de confianza para toda la ciudadanía”.
Al hablar, destacó la incorporación del arbitraje como una de las innovaciones más importantes del nuevo Código. Señaló que Neuquén se convierte en la primera provincia del país en regular este instituto dentro de su normativa procesal civil, al alinearlo con los estándares nacionales e internacionales. Explicó que esta herramienta permitirá que muchos conflictos puedan resolverse por vías alternativas sin necesidad de recurrir a la instancia judicial, lo que brinda mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
Además, hizo mención a los principales cambios en materia de desalojo, sanciones por actuación de mala fe, diferenciación de pretensión y acción, sentencias definitivas, medidas cautelares y tutela judicial efectiva. Con el nuevo Código “nunca más hablaremos de expedientes”, sintetizó al destacar las innovaciones en materia de modernización, digitalización y tecnología.
La diputada Cielubri Obreque (MPN), secretaria de la Comisión Interpoderes, sostuvo que la presentación del Código “es un hito para la provincia, para el país y para Latinoamérica”. Señaló que el nuevo sistema abandona definitivamente el esquema inquisitivo —vigente durante casi cinco décadas— y coloca al proceso judicial como una garantía estructural de acceso a la justicia. En ese sentido, indicó que el modelo de justicia civil de 1975 había quedado “vetusto y obsoleto para la sociedad en la que vivimos hoy”.
En otro tramo, destacó el recorrido territorial de la Comisión Interpoderes por las siete regiones de la provincia, cuyos aportes fueron tenidos en cuenta para la redacción del texto procesal. “Este Código es posible porque es neuquino; se escuchó y se dió participación a las distintas realidades de la ciudadanía”, afirmó la legisladora.
Durante su intervención, sintetizó el espíritu del Código en cuatro grandes ejes. Por un lado, la celeridad y simplificación, al incluir medidas destinadas a acortar los plazos, eliminar trámites innecesarios y ordenar la secuencia procesal. El segundo punto que destacó es la modernización tecnológica con la implementación de la actuación digital única -que deja atrás el paradigma del expediente papel-, las notificaciones electrónicas, la gratuidad de edictos y las excepciones para personas con dificultades de conectividad o acceso.
El tercer eje es el modelo adversarial real con una reconfiguración del rol del juez -que solo se dedicará a juzgar- y de las partes -que llevarán adelante el proceso-; la incorporación del sistema de Discovery – una herramienta inédita en el país que permitirá que las y los abogados intercambien y analicen sus pruebas antes de iniciar una demanda, favoreciendo la resolución por acuerdos sin necesidad de llegar al juicio-; y el endurecimiento de las sanciones por actuar de mala fe.
Por último, mencionó la oralidad inteligente y audiencias grabadas, al indicar que todas las audiencias tendrán registro audiovisual obligatorio, decisiones recurribles en el acto y producción probatoria ordenada.
“Hoy estamos robusteciendo el acceso a la justicia y cambiando la forma en que tramitamos la justicia civil en Neuquén”, manifestó la legisladora, quien también remarcó que la reforma procesal no implica la creación de ningún cargo adicional en el Poder Judicial.
Por su parte, el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) hizo eje en “la legitimidad de origen” del nuevo marco procesal al subrayar la amplia participación de diversos organismos y actores del sistema de justicia durante el proceso de trabajo técnico.
A su turno, el diputado Matías Martínez (Comunidad) se refirió a la necesidad de una “justicia moderna e inclusiva” que garantice procesos con mayor celeridad y cercanía a la ciudadanía. “Este Código tiene contacto territorial”, aseveró al referirse a los aportes y contribuciones que recopiló la Comisión Especial durante el trabajo en las distintas regiones de la provincia.
Finalmente, el diputado Damián Canuto (PRO–NCN) señaló que la construcción de un nuevo Código responde a un cambio de paradigma en materia civil y en ese marco aseguró que “no estamos reformando sino transformando la justicia”. Reparó, además, que su implementación no tendrá un incremento presupuestario ni para el sistema judicial ni para los particulares usuarios del servicio.
En la sesión estuvieron presentes el jurista Gustavo Calvinho; la vocal Soledad Gennari, y Carla Pandolfi, en representación del Poder Judicial; Vanina Merlo, en representación del Ministerio Público de la Defensa; Aylén Rocío Aymar y María Laura du Plessis, por el Poder Ejecutivo; Fernanda Conca y Ramiro Benítez, por el Poder Legislativo; Marcelo Iñiguez y Sebastián Fernández, por el Colegio de Abogados; Moira Revsin, por la Fcaultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue; y Máximo Castro Véliz, por la UCASAL.
