El intendente de Centenario Esteban Cimolai, el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el jefe de gabinete Juan Luis Ousset y el fiscal general José Gerez estuvieron presentes en la demolición de un kiosco narco en Centenario. El operativo estuvo a cargo de la municipalidad y fue realizado en un inmueble de la calle Costa Rica al 900 casi Bolivia. Este era utilizado para comercializar drogas y elementos robados, los ocupantes fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal. Vecinos y vecinas del barrio también presenciaron la demolición, y agradecieron la medida a las autoridades del municipio, del gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Hubo un gran despliegue de fuerzas policiales, bomberos voluntarios y también autoridades locales y provinciales. “Cuándo trabajamos en equipo llegamos a buen punto, en tan solo 15 días estar clausurando un domicilio donde no solo se vendían drogas, se abusaba de personas que es tanto y más peor que vender drogas, se ha generado un daño para este sector tremendo. Centenario necesitaba esta institucionalidad, cuando el objetivo es un solo estas cosas se logran, necesitabas que la justicia esté presente y estos actos hablando del compromiso para seguir mejorando y dándole batalla a esto” Señaló el intendente Cimolai.

“Un lugar donde hace tiempo atrás la justicia ordenó allanamientos, se detuvieron a tres personas y más de 200 dosis de droga, este aguantadero va a ser demolido para que no pueda ser más utilizado para actividades delictuales, los vecinos nos decían que a toda hora había movimiento de gente, consumo de drogas, estamos realizando esta tarea seria y por primera vez se ha abordada temática de la droga con seriedad y firmeza desde el gobierno provincial, ya tenemos personas condenadas, la seguridad no solo abarca la tranquilidad” afirmó el ministro de Seguridad Nicolini.
“Es una lucha no solo derribar paredes de concreto, sino con otras instituciones combatir los delitos, los que queremos vivir en un Centenario tranquilo somos los más, esto comenzó con una de las denuncias con el código QR” expresó Claudio Pistagnese, director del Consejo de Seguridad Local.

“Gracias a un gran trabajo en equipo que se ha hecho con el gobierno de la provincia, el ministerio de Seguridad, la policía y la intendencia de Centenario, pudimos derribar este antro, donde no sólo se vendía drogas, sino que servía para vender elementos robados y un montón de bienes, junto con otros delitos que se perpetraban en este lugar”, remarcó el fiscal general en diálogo con los periodistas.
El punto de venta estaba clausurado desde fines del mes pasado tras la acusación que realizó la fiscal del caso Eugenia Titanti a tres personas que solían ocuparlo para la comercialización de droga. Desde ese momento, el Ministerio Público Fiscal y el municipio de Centenario trabajaron en conjunto para avanzar con el derribo del inmueble, que fue ordenado finalmente por la jueza de faltas Carolina Vidal el pasado 18 de agosto.

“Quiero poner en valor y resaltar el aporte de todos los vecinos y vecinas”, remarcó Gerez. “Este lugar recibió cinco denuncias vecinales anónimas mediante el código QR y una de la aplicación `Neuquén te Cuida`”, especificó. “Hoy en Neuquén, detrás de una denuncia hay una respuesta, a lo largo y ancho de toda la provincia. Esto se debe, obviamente, al compromiso del gobernador y al trabajo de todos los ámbitos, como el ministerio de Seguridad, los intendentes y la Policía, junto al Ministerio Público Fiscal”.
La de hoy, fue la segunda demolición autorizada en el marco de una investigación por microtráfico de drogas desde que este delito comenzó a investigado en el ámbito provincial, en febrero pasado. La primera se produjo en un barrio de Neuquén hace menos de dos semanas. Diputados provinciales y autoridades policiales, junto a la fiscal del caso Eugenia Titanti y la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, también presenciaron el operativo.


Para denunciar un punto de venta de droga, el Ministerio Público Fiscal habilitó un código QR, que puede ser escaneado en cartelería urbana y documentación disponible en distintas localidades, en las que los municipios se sumaron a la campaña. El sistema garantiza que esa denuncia sea anónima y ágil, y que esté disponible para cualquier persona que tenga un teléfono.




