El fiscal Andrés Azar pidió la declaración de responsabilidad de M.G.G, un hombre que fue acusado por el homicidio de Maximiliano Agustín Segura, cometido en la ciudad de Centenario tras una discusión.El juicio empezó el martes en la Ciudad Judicial y concluyó con el requerimiento del fiscal del caso ante el tribunal colegiado, para que el imputado sea declarado responsable penal del delito de homicidio simple, en carácter de autor.
Azar manifestó que “logramos refutar la teoría de la defensa, que planteó la figura del homicidio en exceso de la legítima defensa” y agregó “no hubo agresión ilegítima, ni inminente y la víctima no estaba armado”. La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el juicio fue que el hecho se cometió el 9 de marzo del año pasado. Cerca de las 23, la víctima se presentó en una vivienda en la que se desarrollaba un cumpleaños y exigió hablar con una de las personas que estaba en el lugar.
Fue en esas circunstancias que M.G.G salió de la vivienda y le pidió calma. La persona a la que Segura había ido a buscar también se presentó y si bien comenzó una discusión, la víctima se alejó del lugar. Sin embargo, a los pocos minutos, Segura regresó con un cuchillo y comenzó una nueva discusión en la que M.G.G lo empujó hacia la calle, acompañado por dos mujeres.
En este momento, la víctima ya había colocado el arma blanca en su cinturón y M.G.G, quien portaba un caño a modo de arma en sus manos, intentó quitarle el cuchillo sin lograrlo. Luego, golpeó en el cuello a la víctima, que cayó al suelo inconsciente y murió. Azar calificó el hecho como homicidio simple, en carácter de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal).
Durante la investigación, las dos mujeres que acompañaban al imputado cuando cometió el homicidio, también fueron imputadas, en carácter de partícipes. Aunque, con el avance del caso, fueron sobreseídas por pedido del MPF.
El tribunal colegiado, integrado por Patricia Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Gustavo Ravizzoli, dará a conocer la resolución dentro de las próximas 24 horas una vez que la Oficina Judicial fije la audiencia de lectura de veredicto. Actualmente, el imputado permanece detenido con prisión preventiva de cumplimiento domiciliario.
