En la audiencia de fijación de penas realizada el jueves 11, el tribunal estableció las condenas para las doce personas declaradas penalmente responsables por las estafas con planes sociales cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, ex director general de Planes Sociales, fueron condenados a 5 años de prisión efectiva y tuvieron las penas más altas. La instancia se desarrolló luego del pedido formulado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y por el fiscal del caso Juan Narvaez, quienes habían requerido penas de cumplimiento efectivo para todas las personas involucradas.
El tribunal fijó penas de prisión efectiva para Néstor Pablo Sanz, a quien le impuso 4 años y 6 meses; Marcos Osuna, 4 años; y Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Alfredo Cury, con 3 años y 6 meses. Finalmente, Laura Carolina Resnik, Isabel Natalia Montoya, Valeria Noemí Honorio y Emanuel Rodolfo Victoria Contreras fueron condenados a 3 años de prisión condicional.
Además, los jueces dispusieron —según lo solicitado por la fiscalía— la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas del proceso. No hicieron lugar a los decomisos de bienes de los imputados, en tanto que se probó que hayan sido adquiridos con el dinero de las defraudaciones, pero se advirtió que podrán ser reclamados en los procesos que, en otro fuero, lleva adelante la Fiscalía de Estado.
Audiencia previa
Durante el debate en el que se solicitaron las penas, el fiscal jefe Pablo Vignaroli advirtió que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, en un perjuicio acreditado por $153.377.900 (que representan más de $1.200 millones en la actualidad) , y solicitó penas de hasta 6 años de prisión efectiva.
El equipo del MPF estuvo integrado también por el fiscal del caso Juan Narvaez, al frente de la fiscalía de Delitos Económicos durante la audiencia de hoy, y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. Por la Fiscalía de Estado intervino como querellante el abogado Gustavo Kohon.
A la audiencia de hoy se llegó con las y los condenados declarados responsables por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, según resolvieron de manera unánime los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees en el veredicto previo. Es que el tribunal descartó el delito de Asociación Ilícita, como impulsó la fiscalía.
La maniobra investigada consistió en la utilización ilegítima de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenían los plásticos. Una parte del subsidio quedaba para el beneficiario y el resto se dirigía, según sostuvo la fiscalía, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas ya habían sido condenadas por su participación en tareas complementarias de la estafa, con penas de tres años de prisión condicional tras reconocer los hechos.
