El gobernador Rolando Figueroa firmó el martes 01 un acuerdo con intendentes, presidentes de comisiones de fomento, legisladores, funcionarios del Poder Judicial y Policía del Neuquén para combatir el microtráfico de drogas y lograr “una sociedad más segura y saludable”. El acta compromiso indica que todos los actores firmantes asumen, como parte de la política pública provincial establecida mediante la Ley 3488, “el firme compromiso de contribuir en cada ciudad o localidad que gobiernan y desde las bancas legislativas que representan, a combatir el microtráfico de drogas con el objetivo de tener una sociedad más segura y saludable, llevando adelante las acciones pertinentes en cada uno de esos ámbitos”.
Además, durante el acto que se realizó en el Auditorio de Casa de Gobierno, las autoridades que firmaron el acuerdo se comprometieron a participar de la conformación de los Consejos Regionales de Seguridad para abordar los problemas que plantea la inseguridad en general y la narcocriminalidad en particular.
“Toda la dirigencia política, toda la dirigencia institucional y los diferentes poderes, hemos identificado claramente cuáles son los reales problemas que tenemos que combatir, que son los verdaderos problemas de la gente”, manifestó el gobernador en su discurso y consideró que “entre todos tenemos que combatir la droga”.
“Le tenemos que devolver a la sociedad la imagen de credibilidad que debemos tener los funcionarios públicos, por eso es muy importante que -si luchamos contra esto- nos tenemos que someter voluntariamente a las pruebas, que seamos los primeros en cada uno de los lugares”, destacó.
Se refirió a la Ley 3488, que sancionó la Legislatura el año pasado por iniciativa del Ejecutivo y aseguró que permitió dar “herramientas a la Justicia para combatir al microtráfico”, que es la “etapa minorista” de venta de drogas a la sociedad. “Era muy fácil no abordar el problema, mirar para otro lado y que el problema lo tenga la Justicia Federal, pero son nuestros chicos y nuestras familias”, indicó el gobernador.
“La Justicia no puede sola con esto; debe tener herramientas”, expresó Figueroa y adelantó que se analizan cambios en el Código Procesal Penal para “ser mucho más efectivos”. “Una de las modificaciones puede ser el artículo 126, donde se puede llegar a permitir la denuncia anónima. Mucha gente tiene miedo a denunciar, sobre todo en las comunidades chicas”, remarcó y agregó: “Con la aplicación Neuquén Te Cuida o la página web que tiene el Ministerio Público, hemos podido llegar a muchos lugares donde se realizaba el microtráfico”.
Recalcó la importancia de otorgar otras herramientas a la Justicia, como el equipamiento. “Debe tener material como el cromatógrafo que estamos adquiriendo, que está colaborando también la municipalidad de Neuquén”, ejemplificó y destacó la incorporación “de distintos escáneres donde se ingresa a la provincia, como el aeropuerto y la terminal” y del fortalecimiento de la Policía Canina con “mayor cantidad de canes”.
“Trazamos todas las herramientas de colaboración con la Justicia que también está en manos de la Policía”, señaló el mandatario provincial y aseguró: “Para eso también se está preparando la Policía del Neuquén”.
El gobernador consideró que “es muy importante que también los actores locales y las fuerzas políticas tomemos este compromiso, porque este combate es entre todos” y adelantó que se constituirán Consejos Regionales de Seguridad. “Eso es fundamental para nosotros, con la intervención de las autoridades locales”, agregó.
Por otra parte, dijo que son “fundamentales” las oportunidades que se puedan brindar en la provincia. “Tenemos que dotar a la familia de oportunidades para que los chicos puedan estudiar. Por eso son importantes las inversiones en educación”, indicó.
“Es un trabajo integral y también necesitamos nuevamente a las autoridades locales. Tenemos que recuperar esas plazas, que sean para jugar, para el encuentro y divertirse. No podemos permitir plazas donde se venda la droga”, sostuvo.
“Tenemos que darle un abordaje integral a la familia y resolver sus problemas. Por eso estamos trabajando y en seis meses vamos a tener terminado un Código de la Familia, que nos va a permitir que la Justicia esté mucho más cerca en la resolución de los conflictos familiares que muchas veces terminan desencadenando otro tipo de problemática”, explicó.
“Si se toma algún lugar donde existe una banda de microtráfico y se mete presa a la persona, inmediatamente esa banda se ve debilitada. Eso lo sabe la banda vecina y va a querer tomar ese territorio. Entonces, ahí se origina la guerra de bandas. Sí, se va a originar, pero la tenemos que combatir”, aseguró y concluyó: “Ese es el desafío que estamos tomando”.
Por su parte, la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina expresó su “emoción y orgullo” porque el gobernador “nos haya convocado hoy a todos los estamentos”. “La presencia de cada uno de ustedes es fundamental”, dijo.
“Como legisladores, ya el año pasado, a partir de la Ley 3488 de Narcomenudeo, que fue motivada por nuestro gobernador, hemos dado un paso adelante para la federalización, para que nosotros como neuquinos pudiéramos hoy estar acá reunidos”, sostuvo.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres destacó que “asumir la competencia del microtráfico no es sólo una decisión legal o administrativa, es fundamentalmente una decisión política e institucional que tomó la provincia del Neuquén y que nos interpela transversalmente a todos”.
“Todos quienes tenemos un rol institucional, quienes estamos a cargo de distintos roles políticos e institucionales, estamos interpelados por esta decisión que tomó la Provincia”, señaló y consideró que “no podemos abordar este tema si no es con firmeza, determinación y coordinación”.
El fiscal general del TSJ, José Gerez destacó la “decisión política histórica de la provincia”. “Esto involucra no sólo la comercialización de la droga para consumo, sino también todos los delitos conexos que se producen en virtud o en ocasión del tráfico de drogas”, indicó.
“Pareciera que el último eslabón de la cadena es el eslabón más débil, que es el más fungible. Yo no comparto con esa idea y tampoco el gobernador, porque es el eslabón más peligroso y dañino”, manifestó.
Por último, felicitó al gobernador “por esta iniciativa, que además es la primera iniciativa de esta característica de las provincias desfederalizadas” y destacó el “poder juntar todo el arco político en un compromiso, pero además la mayoría de ustedes son autoridades electas por el pueblo. Entonces, veo en ustedes a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren que esto cambie”.
Considerandos del acuerdo
En el documento que se firmó hoy se destaca que el tráfico de drogas es un fenómeno delictivo global, cuyo crecimiento y expansión afecta gravemente la salud de la población, la seguridad ciudadana, el orden y la paz social; y constituye una amenaza para la cohesión social.
También se indica que se trata de una manifestación de la narcocriminalidad, con consecuencias especialmente nocivas para la vida comunitaria. Además, es un problema local, siendo el eslabón de mayor relevancia de la cadena del narcotráfico, ya que se inserta en el tejido social de las comunidades, afectando la salud de las personas que consumen drogas y generando delitos graves conexos.
Por otra parte, en el acta se expresa que las personas y, especialmente, las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita, alteran el orden y la paz social, producen molestias y disturbios a los vecinos y vecinas; ocupan espacios públicos, alterando sus usos; crean un entorno favorable para la captación de jóvenes hacia actividades delictivas; y actúan como engranajes esenciales para la financiación y expansión de la actividad.
Además, se recuerda que por Ley 3488, la provincia del Neuquén adhirió a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley nacional 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por las Leyes nacionales 26.052 y 27.502; y que esto implicó que a partir del 28 de febrero de este año la provincia asuma la competencia para perseguir y juzgar el microtráfico de estupefacientes, que hasta ese momento estaba a cargo de la justicia federal.
También se destaca que ello obedeció a una política pública de Estado que asumió el gobierno provincial, juntamente con el Poder Judicial y la Legislatura, de combatir el microtráfico de drogas, para tener una sociedad más segura y saludable. “Esta decisión requiere el acompañamiento de todo el arco político de la provincia”, se agrega.
El documento indica que toda acción que se oriente al combate del microtráfico de drogas requiere, ineludiblemente, de un trabajo mancomunado entre los poderes del Estado, y entre estos y los gobiernos locales. Además, se expresa que, en tal entendimiento, se hace necesario atender a los fines de la regionalización del territorio provincial establecidos por Ley 3480 en cuanto herramienta de consolidación de un territorio inclusivo para la planificación estratégica conjunta.
Por último, se destaca que los intendentes y presidentes de comisiones de fomento consideran la implementación de los Consejos Regionales de Seguridad como un ámbito idóneo y propicio para abordar los problemas que plantea la inseguridad en general y la narcocriminalidad en particular.
