El asistente letrado Pablo Jávega formuló cargos a dos mujeres por tener cocaína con fines de comercialización, luego de que fueran encontradas distintas cantidades de la sustancia durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Centenario. En total, se secuestraron cerca de 600 gramos de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la actividad de venta de estupefacientes.
Los procedimientos se realizaron el lunes 3 de noviembre, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por disparos en una zona de la localidad. Durante los allanamientos realizados en la zona de peatonales, el personal policial de Robos y Hurtos y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II identificó a las mujeres, B.A. y M.Q., y encontró la sustancia en dos domicilios.
En uno de ellos, donde se encontraba B.A., la mujer intentó descartar una bolsa con cocaína arrojándola al inodoro cuando ingresó el personal policial. Sin embargo, los efectivos evitaron que pudiera accionar la descarga y recuperaron el envoltorio, que contenía 66 gramos de cocaína compactada.
Además, en ese domicilio se secuestraron una balanza digital nueva, otra con restos de cocaína, un envoltorio con 0,36 gramos de la droga, más de $780.000, un teléfono celular y bolsas pequeñas de nylon, utilizadas habitualmente para el fraccionamiento.
En el segundo domicilio, donde fue identificada M.Q., se encontraron dos bolsas con cocaína compactada, de 416 y 103 gramos respectivamente. También se secuestraron 38 envoltorios que contenían otros 19 gramos de la droga, una balanza de precisión y un teléfono celular.
La calificación legal atribuida a ambas es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autoras (artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737).
Como parte de la evidencia, Jávega mencionó los testimonios del personal policial que intervino en los procedimientos, de los testigos de actuación, los resultados de los reactivos y pesajes de las sustancias secuestradas y los registros de los allanamientos.
También hizo referencia a una investigación anterior, desarrollada entre abril y junio de 2025, en la que se habían detectado movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en uno de los domicilios allanados. Además, mencionó información financiera que vinculaba a una de las imputadas con otra persona investigada por actividades relacionadas con la venta de drogas y denuncias recibidas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.
El asistente letrado solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria, durante el cual se prevé avanzar con la apertura y análisis de los teléfonos celulares secuestrados y profundizar las medidas de investigación financiera.
En cuanto a las medidas cautelares, Jávega planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por eso, acordó con las defensas que ambas mujeres cumplieran detención domiciliaria en una vivienda de San Patricio del Chañar, con controles policiales tres veces por día.
El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y dispuso las medidas cautelares en los términos solicitados por el asistente letrado, por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.
