A través de un acuerdo pleno, el excoordinador general de la Casa de las Leyes, Pablo Antonio Ruiz, fue declarado penalmente responsable por haber defraudado el patrimonio del Estado provincial y sustraído fondos públicos en beneficio personal. Durante la audiencia realizada hoy, el imputado reconoció explícitamente su autoría en las maniobras investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos: además de la pena, se ordenó el decomiso de $57 millones de pesos de sus cuentas personales, que estaban embargados por pedido del Ministerio Público Fiscal.
El juez de garantías Lucas Yancarelli, homologó el acuerdo presentado por el equipo fiscal integrado por Juan Narváez, Tanya Cid y Facundo Bernat, quienes llevaron adelante la investigación. Ruiz aceptó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Reconocimiento del accionar delictivo
El eje central de la resolución fue la admisión voluntaria por parte de Ruiz de los dos hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal:
- Peculado: Ruiz reconoció haber desviado $52.798.459,10 destinados a programas sociales (como «Jóvenes Líderes» y «Murales Urbanos») hacia sus cuentas personales. Luego constituyó plazos fijos para generar intereses a su favor, configurando lo que la fiscalía denominó un «minisistema financiero» con dinero estatal.
- Administración Fraudulenta: Admitió su participación en la defraudación de $45.482.688,05 mediante contrataciones irregulares de publicidad con la empresa SAUER. Ruiz reconoció haber eludido los mecanismos de control previstos en la Ley 2141 para beneficiar a un proveedor externo.
Decomiso millonario
Como parte de la condena, se ordenó el decomiso de $57.736.346,85. Este monto, que se encontraba cautelado en una cuenta judicial por pedido de la fiscalía tras el bloqueo preventivo de las cuentas del imputado, incluye el capital recuperado y los intereses devengados.
Impacto en el proceso y reglas de conducta
Para la teoría del caso de la fiscalía, el reconocimiento de Ruiz tiene una implicancia directa en la investigación que continúa las otras tres personas imputadas en la causa: la exvicegobernadora Gloria Ruiz, hermana del condenado; la exsecretaria de Cámara, Isabel Ricchini; y la exprosecretaria Eliana Sánchez. La fiscalía subrayó que la admisión del condenado, sumada a otras pruebas independientes en cada caso (pericias informáticas de celulares, auditorías contables y registros bancarios del BPN), consolida la plataforma fáctica para las próximas etapas del proceso.
Además de la pena de prisión y la inhabilitación, Ruiz deberá cumplir con 288 horas de trabajo comunitario no remunerado y someterse al control de la Dirección de Población Judicializada de manera trimestral. Al finalizar la audiencia, las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme de inmediato.
