La Cámara de Diputados de la provincia aprobó, por mayoría y en general, la ley que reglamenta la consulta popular vinculante y no vinculante, mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Provincial desde 2006 a través de los artículos 310 y 311. Lo hizo esta tarde en la 20° sesión ordinaria.
La ley obtuvo 26 votos positivos aportados por DC-Comunidad, Avanzar, MPN, Hacemos Neuquén, PRO-NCN, Neuquén Federal, Arriba Neuquén, JxC -UCR, Juntos y Cumplir. En contra votaron los bloques UxP -que defendió su propio dictamen-, FIT-U y PTS-FIT-U. La propuesta llegó al recinto con dos despachos: uno por mayoría, impulsado por Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) con aportes de Neuquén Federal y PRO – NCN; y otro por minoría, de UxP.
Con la reglamentación, la Cámara podrá optar por incorporar a la ley que se quiera someter a consulta un artículo específico que habilite la convocatoria. Para ello, deberá aprobarse por mayoría absoluta de los miembros presentes. En la consulta vinculante el voto tendrá carácter obligatorio y deberá contener el texto completo de la ley para que la ciudadanía responda por sí o por no. El llamado a elección deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 45 días y no superior a 90 días corridos desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
Si la ciudadanía ratifica la ley por mayoría de votos, será promulgada automáticamente y el Poder Ejecutivo no podrá vetarla. En caso de rechazo, se prohíbe volver a insistir con la iniciativa por los siguientes dos años. La normativa excluye de la consulta vinculante a las leyes referidas a tributos, presupuesto o que exijan una mayoría agravada para su aprobación.
Por su parte, la consulta no vinculante podrá ser convocada por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los municipios; no será obligatoria; contempla opciones múltiples en las respuestas y habilita plataformas digitales para su implementación.
Como miembro informante, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) señaló que el mecanismo constitucional “es una forma de participación directa de la ciudadanía en la cosa pública” y delimitó su aplicación a “determinadas decisiones que hacen necesario que el pueblo se exprese”. Afirmó que la herramienta “suple la voluntad del Poder Ejecutivo por la de la ciudadanía” y descartó cualquier posibilidad de incidencia en el conflicto docente.
Por el MPN, Claudio Domínguez enfatizó que el instituto aporta respaldo popular a una norma sancionada por la Legislatura. Añadió que las decisiones de una consulta popular tienen una mayor aceptación en la sociedad y lo comparó con la votación de un gobernador o un intendente en la que, a pesar de no tener un apoyo total del electorado, la ciudadanía acepta el resultado.
El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) ponderó la utilidad de la consulta popular no vinculante para los municipios al permitirles sondear la opinión de sus comunidades sobre determinados temas de gestión. A la vez, recordó que en 2021 se consultó al electorado de la ciudad de Neuquén sobre la enmienda de la carta orgánica en la elección a intendente con un 60% de aceptación de la propuesta.
A su turno, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) valoró la claridad del procedimiento que establece la ley y respondió de ese modo a reparos expresados desde la oposición sobre una eventual incidencia en la ciudadanía para que adopte una posición determinada.
Por JxC-UCR, César Gass aseguró que “siempre es conveniente escuchar al pueblo” y recordó la importancia que tuvo la consulta no vinculante durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien convocó a la ciudadanía a votar por el sí o el no a un tratado de paz con Chile, en medio de la disputa por el Canal de Beagle.
Desde UxP, el diputado Darío Martínez avaló la reglamentación de ambos institutos pero consideró necesario separar la realización de la consulta de las elecciones a cargos electivos y limitar al Estado en el financiamiento de las campañas. En tanto, su compañera de bloque Lorena Parrilli explicó que el dictamen por minoría busca aportar “más democracia y transparencia al proceso”, al contemplar la creación de una comisión de participación ciudadana y la prohibición del financiamiento privado en las campañas. Planteó que “la pregunta debe estar bien formulada y no debe inducir al electorado a votar en un determinado sentido”.
Por la izquierda, Gabriela Suppicich (FIT-U) calificó la ley como una “estafa a la población” al remarcar que la ciudadanía no va a poder expresarse en temas claves como tributos y endeudamientos. “Defendemos la deliberación popular pero con las garantías financieras y presupuestarias”, aseguró.
Su par de PTS-FIT-U, Andrés Blanco, argumentó que el texto acordado “es una farsa de participación ciudadana”, en tanto es la Legislatura la que va a definir si una ley se somete o no a consulta popular. “No tiene ninguna garantía de participación democrática”, manifestó.
