La fiscal del caso Soledad Rangone formuló cargos a J.E.L, un hombre que fue acusado por intentar robar en tres viviendas y en una obra en construcción en la ciudad de Centenario. Los hechos que le atribuyeron el miércoles en la Ciudad Judicial son tres, y estaban bajo investigación desde antes del sábado pasado, cuando J.E.L fue detenido por otro hecho y acusado. Desde entonces, permanece en prisión preventiva por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El primero es del 3 de noviembre de 2024, alrededor de las 14.20, cuando ingresó a una obra en construcción en las calles Elías Sapag y María Eugenia Figueroa, en Centenario. Allí, desarmó un encofrado y sustrajo tablas, para después intentar escapar a pie, despojándose de los materiales en un terreno cercano, donde fue atrapado.
Otro hecho fue el 16 de marzo de este año, en una vivienda de la calle Simón Bolívar. Dañó una reja de una ventana y tomó bolsos con mercadería. Personal policial que patrullaba la zona, lo encontró, le dio la voz de alto y al advertir la presencia policial, el acusado arrojó los bolsos e intentó escapar por el patio de una vivienda de la zona, hasta que fue demorado.
También se le atribuyó que el 22 de mayo de 2025, alrededor de las 08.40, junto a su perro ovejero alemán fue a un domicilio, dañó la puerta de ingreso de una casa en Bernardo O´Higgins y Puerto Madryn, y al ser advertido por el dueño del inmueble, escapó, pero igual lo atraparon.
Por estos hechos, se le atribuyó el delito de robo en calidad de autor, en grado de tentativa, tres hechos en concurso real. En la audiencia la fiscal del caso señaló que el pasado 19 de julio, J.E.L fue imputado por otro hecho, cometido el día anterior alrededor de las 8.30 en una casa de la calle Alfredo Palacios.
Allí ingresó al patio y luego de dañar la puerta trasera de la vivienda con la intención de robar, fue sorprendido por vecinos y se dio a la fuga, hasta que lo demoró personal policial.Por este hecho fue acusado como robo calificado por escalamiento en grado de tentativa.
En la audiencia del 19 de junio, el MPF requirió que quede detenido con prisión preventiva por un plazo de dos meses, con el argumento de la existencia de riesgo de fuga, de entorpecimiento y para la integridad de las víctimas.
La fiscal del caso explicó que la medida cautelar fue acordada con la defensa del acusado, y que una vez que exista disponibilidad de una tobillera electrónica, se modificará a prisión domiciliaria.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Gustavo Ravizzoli, unificó los plazos de investigación de los legajos por los cuatro hechos en cuatro meses, y ratificó la medida cautelar impuesta y el acuerdo para modificarla cuando exista disponibilidad de tobilleras electrónicas.
